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LA REALIDAD DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD O DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN MÉXICO, EN TIEMPOS DE SARS COV-2 (COVID-19)

Del análisis del artículo 4º, párrafo cuarto de nuestra Constitución Federal se desprende la responsabilidad del estado de procurar y proteger la vida e integridad de la población mediante el acceso al Derecho Humano a la Salud o Derecho de Protección de la Salud.

Pero esta sola manifestación constitucional no sería vinculatorio para el Estado, sino fuera por la creación de la legislación secundaria que regula dicha materia, como es la Ley General de Salud, que es la ley reglamentaria a dicho artículo, así como su reglamento, y demás disposiciones sanitarias (Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, entre otras), que cuando existe una violación al Derecho Humano a la Salud o Derecho de Protección de la Salud, con relación a alguna de esas disposiciones, el particular tiene la oportunidad de hacer valer a través del Juicio de Amparo su observancia y cumplimiento.

Siendo así porque como lo señala la Ley General de Salud, el Estado asume la responsabilidad de su cumplimiento, al constituir y organizar el llamado Sistema Nacional de Salud, el cual está integrado por los establecimientos de atención médica de los Sectores Público, Social y Privado y bajo ese esquema se otorgan a la población en general los servicios de: consulta general y/o de especialidad, cirugía, atención y cuidado a la salud, así como con una larga lista de acciones y tareas que incluyen la creación de infraestructura hospitalaria aunada a contratación de personal médico, administrativo y técnico entre otros, aunado a la adquisición de insumos para la salud, entre ellos los medicamentos y a su vez abocándose a la formación, contratación y capacitación continua de todo tipo de personal; profesionales, técnicos, administrativos, docentes, auxiliares todos ellos encargados de las disciplinas de la salud.

El personal antes mencionado que, labore en cualquier Institución de Salud Pública (IMSS, ISSSTE, Institutos de Salud, entre otros) serán considerados como servidores públicos, y su actuar estará bajo el escrutinio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pertenece al llamado Sistema Nacional Anticorrupción y que es reglamentaria del artículo 109 de la Constitución Federal, en la que se contempla la naturaleza del servicio público bajo los principios de: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos. Independientemente también de la forma en que fueron contratados: nombramiento, contrato de prestación de servicios, comisión, entre otros.

Y, para el caso de incumplimiento a cualquier disposición contenida a dicho ordenamiento legal o de dichos principios, serán sujetos al llamado Procedimiento Administrativo Disciplinario, con la consecuencia de las sanciones administrativas a las que se harán acreedores, si se les comprueba su responsabilidad administrativa. Independientemente de otro tipo de acciones como penales, civiles y/o laborales.

Bajo esa perspectiva, el Sistema Nacional de Salud, en los Sectores Público y Social, en los últimas dos décadas, se ha visto rebasado, por la mala implementación de políticas públicas en materia de salud, por distintos órdenes de gobierno que hemos tenido a la fecha ya que, en la deficiencia de medidores exactos a las necesidades de salud, muchas veces se limitan a brindar los servicios de salud, de forma gratuita, eficaz y oportuna, creando instituciones como lo fue en su momento el Seguro Popular y recientemente el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), sin haber hecho un análisis objetivo, sobre la infraestructura hospitalaria que se tenía, personal médico (general y especializado), administrativo, entre otros, y lo más importante el presupuestal, que dichos recursos fueran suficientes e idóneos para poder brindar los servicios de salud a la población que lo requiere. Ocasionando con ello el colapso del Sistema de Salud que se ha tenido y se tiene, con las consecuencias de que, ante la pandemia del COVID-19, a los prestadores del servicio médico (médicos, enfermeras, entre otros) no se les pudiera brindar los materiales e insumos para la salud, para poder enfrentar con dignidad y seguridad dicha pandemia o bien llegasen en forma pausada pero discontinua a la demanda de atención a este problema de salud que vivimos actualmente.

Es aquí, donde los médicos que atienden dicha pandemia, se encuentran en un verdadero dilema, cumplir o no cumplir con su Juramento Hipocrático: “Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré, en todas las medidas de mi medio, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica”; cuando no se cuenta con el apoyo que se requiere para combatirla, por parte de la Secretaría de Salud, y sin que ello implique una responsabilidad de tipo administrativo, penal o civil.

De lo anteriormente expuesto en términos generales toda vez que la amplitud por tema es muy extensa, por el momento podemos emitir las siguientes;

C O N  C L U S  I O N E S:

1. - Consideramos que, desde el punto de vista ético, el médico tiene la obligación de cumplir con dicho juramento, aun bajo todas las complicaciones que pudieran tener, presentar y/o enfrentar por la falta de apoyos por parte de la Secretaría de Salud, de llevar a cabo su encomienda bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos o comisiones y hacer publicas sus necesidades por el sector administrativo correspondiente.
Deben continuar haciéndolo (cumplir con dicho juramento) procurando siempre no poner en riesgo su integridad física, salud o vida, así como la de sus familiares.

2. – En cuanto al aspecto legal, indudablemente no serían objeto de ningún tipo de reproche penal, civil o administrativo, si por la falta de apoyos por parte de la Secretaría de Salud, para la atención adecuada, eficaz y oportuna de la pandemia (COVID-19), no pudieran llevar acabo su función en la atención médica del paciente o usuario.
Siendo importante señalar que, siempre se debe dejar constancia del aviso oportuno al superior jerárquico sobre dichas carencias, tanto materiales, infraestructura y personal.

3. - También es importante señalar que, por el hecho de no contar con los apoyos por parte de la Secretaría de Salud, no se puede abandonar al paciente o usuario y mucho menos no brindarle la atención médica que requiere. Lo que implicaría el que, el prestador del servicio médico, que así lo hiciera, se viera involucrado en una responsabilidad de tipo penal, civil o administrativa, el prestador del servicio médico.

4. – Para el caso de que, se diera la hipótesis de que la Secretaría de Salud, no proporcionara la infraestructura, personal e insumos para la salud, para poder atender la emergencia sanitaria que nos aqueja (COVID-19), la forma más adecuada de atender dicho problema, es tramitar el juicio de amparo, por flagrante violación al Derecho Humano a la Salud o Derecho a la Protección de la Salud, del que sería objeto por parte de dicha Secretaría, al poner con dichas carencias en riesgo la vida del profesional, técnico y auxiliar de las disciplinas de la salud y la de sus familiares.

5.- Bajo esta consideración de igual forma, se deberá dejar previamente constancias de las solicitudes que se haga al superior jerárquico sobre el particular, para que, ante el silencio de este y de la Institución de Salud Pública, de remediar el problema, se pueda tramitar de inmediato el juicio de garantías.

Es verdaderamente lamentable que, lejos de que dichos prestadores del servicio médico prefieran acudir a manifestaciones públicas en medios de comunicación o paros labores, cuando la instancia federal de administración de justicia esta para hacer valer sus derechos humanos y de sus garantías y esperamos en todos los ámbitos que ello cambie para bien del personal médico y usuario en general.